En el pasado proceso electoral, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, buscó imponer a su directora general de Inclusión y Bienestar, Erika Rosales, como candidata a la alcaldía, pero, finalmente la candidatura fue para Circe Camacho, del PT, quien ganó la elección.
José Carlos Acosta fue alcalde desde 2018 y Erika Rosales lo acompañó en su gabinete; la otrora funcionaria reportó ingresos superiores a los de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, en su declaración patrimonial. Por si fuera poco, durante su paso por la alcaldía, Acosta y Rosales provocaron daños patrimoniales, reconocidos desde la federación, por 28.5 millones de pesos no declarados. En auditorías capitalinas tampoco aclararon a dónde fueron 12.5 millones de la cuenta pública.
Pese a sus pobres resultados, Erika Rosales fue incluida en las fórmulas para contender por la diputación local en el Distrito 25, es decir, en Xochimilco.
Rosales ocupa hoy la diputación aun cuando los habitantes de Xochimilco la acusaron, entre otras de utilizar grupos de golpeadores para interrumpir asambleas comunitarias, con el objetivo de imponer personas afines al alcalde.
También la señalaron por formar grupos de golpeadores para obstaculizar manifestaciones en defensa del humedal de Xochimilco o de áreas verdes.
Denunciaron amenazas de agresiones físicas o incluso de muerte contra luchadores sociales o autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios.
Acusaron violencia física, lesiones y golpes a mujeres que defienden la autonomía, así como a chinamperos de San Gregorio Atlapulco.
La ciudadanía también denunció uso indiscriminado de recursos públicos para su promoción personal.
La acusaron por denunciar penalmente a las autoridades representativas que ejercían cargos comunitarios y contra personas que promovieron la revocación de mandato de José Carlos Acosta.
Vecinos señalaron que intentó tomar de manera violenta los espacios comunitarios y la acusaron de enviar granaderos a reprimir a los pueblos que reclamaban el ejercicio de sus derechos.
Acusaron que llevó a cabo campañas de acoso digital, criminalización y estigmatización a hombres y mujeres de los pueblos y barrios a través de funcionarios de la alcaldía y perfiles de redes sociales creados desde el área de comunicación social del órgano administrativo.
Así, la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco rechazó la candidatura de Erika Rosales. Los integrantes de este comité llamaron a las fuerzas partidistas, invocando el respeto de los derechos “sin importar el color político” y convocaron a respetar “el compromiso de seguir luchando por la autonomía y autogobierno de los pueblos y barrios originarios en Xochimilco”.
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