La equidad en la financiación autonómica debe ser prioritaria | España

Varios operarios colocan las banderas autonómicas para la celebración en el Senado de la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos en 2017.Luis SevvillanoLa descentralización ha sido muy importante, pero existen disfunciones del Estado autonómico que las reformas del sistema de financiación no han corregido. La primera, las diferencias de recursos por habitante entre comunidades de régimen común, y todavía más con las forales, pues provocan grandes desigualdades entre españoles en el acceso a los servicios en diferentes territorios. También la limitada corresponsabilidad fiscal, porque no incentiva el control del gasto. Y la insuficiencia financiera, pues tras retroceder los ingresos a partir de 2009 por la crisis, como el gasto en sanidad, educación y dependencia no permitía ajustes más intensos, el endeudamiento de las comunidades las expulsó de los mercados.Pese al consenso entre los expertos sobre los problemas y sus posibles soluciones, las reformas no se abordan y los pésimos resultados del sistema de financiación de 2009 para la equidad y la eficiencia siguen presentes. Esa falta de respuestas genera incertidumbre y condiciona el diseño de las políticas de servicios básicos de bienestar y de desarrollo regional.A esa incertidumbre se añade la derivada del acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña se financie mediante un concierto solidario de perfiles singulares. A diferencia del silencio con el que el Gobierno responde a las reiteradas propuestas de las comunidades infrafinanciadas —un fondo de nivelación para igualar la financiación por habitante ajustado, la compensación de la deuda acumulada por ingresar menos—, este acuerdo sí ha recibido su apoyo. Pero, aunque carece de precisión en muchos extremos, augura consecuencias significativas sobre la financiación del resto de comunidades, pues afectará a los recursos de los que dispondría el Estado y a las aportaciones catalanas a la solidaridad.Si esto sucede resultará positivo para quienes prefieren que las funciones del Estado en Cataluña sean solo subsidiarias, como ocurre en las comunidades forales; pero no para los partidarios del federalismo equitativo que inspira la Constitución. Este exige hacer compatibles descentralización y nivelación en el acceso a los servicios públicos, y que los ciudadanos y las comunidades contribuyan a la solidaridad interterritorial en función de su capacidad fiscal y reciban en función de sus necesidades.La función niveladora del Estado se viene desempeñando mal, tolerándose enormes desigualdades entre españoles al permitir que las forales no contribuyan a la solidaridad y las de régimen común con menos recursos dispongan de ingresos muy diferentes. Si Cataluña se suma a las comunidades ahora beneficiadas por la foralidad y el statu quo, y vincula significativamente su financiación por habitante con su capacidad fiscal superior a la media, los problemas de nivelación se agravarán.Que bastantes comunidades con menor capacidad fiscal que Cataluña dispongan de más financiación por habitante ajustado es un sinsentido, pero el incumplimiento del principio de ordinalidad se puede corregir mejorando a la vez la equidad. Bastaría acumular los cuatro fondos del actual modelo en el Fondo de Garantía, dotarlo para que pueda financiar unos servicios fundamentales que ya absorben el 82% del gasto autonómico y distribuirlo según la población ajustada.Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.SIGUE LEYENDOUrge despejar el panorama para saber hacia dónde camina la España de las Autonomías: en igualdad de acceso a los servicios públicos esenciales, capacidad de desarrollo regional, corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera. Urge que los 17 millones de españoles que viven en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia reciban respuestas a sus documentadas reclamaciones y se corrija la injusticia que padecen desde hace décadas. Si este es el momento de hablar de singularidades, esa es la suya y debería ser atendida por el Gobierno y contar con la empatía del resto de las comunidades. Si la igualdad entre españoles y la sostenibilidad del Estado autonómico fueran los motores de las reformas, la revisión de la financiación se encarrilaría en esa dirección. Todavía es posible convertir las amenazas en oportunidades.Francisco Pérez es catedrático emérito de la Universitat de València y director de Investigación del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)