Más de un mes sin saber de Sandra Domínguez: el último retrato de la crisis de desaparecidos

Sandra Domínguez acostumbraba de joven a enfrentar la injusticia. Sus amigos de la universidad recuerdan que en 2009, ante una ola de robos que sacudió a los estudiantes de la Autónoma Indígena de México, ella se convirtió en la voz que defendió al cuerpo estudiantil. Eran los primeros pasos en lo que luego se volvería su camino por el activismo. Esa es la historia que cuentan estos días, mientras mantienen un plantón junto a la familia frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca como exigencia para que la abogada mixe, que desapareció el pasado 4 de octubre, aparezca con vida. Su entorno se rehúsa a que la defensora de derechos humanos se vuelva un número más en la profunda crisis de desaparecidos que atraviesa México.“Sandra siempre fue muy valiente ante las causas”, relata la hermana, Kenia Domínguez, por teléfono. Ella y su madre se enteraron de las luchas de Sandra en los días universitarios gracias a los compañeros, que se acercaron esta semana al zócalo oaxaqueño para solidarizarse. “En ese momento, les agredían como estudiantes y ella siempre alzó la voz”, recuerda, “no se dejaba, independientemente del peligro que pasara, era fuerte, valiente, sin miedo para ejercer sus derechos”.Sandra Domínguez, de 38 años, desapareció un viernes junto a su pareja, Alexander Hernández, en la comunidad de María Lombardo, cerca de la frontera con Veracruz. Era muy conocida en su Estado por haber defendido a decenas de mujeres y haber acompañado casos de desapariciones, feminicidos, violencia intrafamiliar y digital. Pero sobre todo, se había convertido en la persona que exhibió en 2021 la misoginia que anidaba en el poder político de su entidad al denunciar la creación de unos chats de Whatsapp donde funcionarios del Gobierno estatal y aspirantes a candidaturas compartían fotos íntimas de mujeres indígenas.Una de sus grandes luchas la dio contra Donato Vargas, actual titular de la Coordinación de Delegados de Paz de Oaxaca, quien participaba en los chats machistas, según denunció la activista con capturas de pantalla en mano. La primera respuesta que dio el Gobierno de Salomón Jara tras la desaparición de Domínguez fue deslindar a su funcionario y asegurar que ninguna línea de investigación le involucraba. El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, posteriormente rectificó en una entrevista con EL PAÍS y aseguró que se investigaría “a cualquier servidor público estatal que pudiera ser señalado”. A la semana, el gobernador pidió separar temporalmente a Vargas de su cargo, aunque miembros del entorno de la abogada afirman que ya ha vuelto a su cargo.Sandra sufrió, a causa de su trabajo, amenazas en reiteradas ocasiones. La pelea por los chats fue una de esas, pero no la única. Joaquín Galván, un colega que le conoce desde que eran adolescentes, recuerda que nadie la lograba intimidar. Ambos se hicieron amigos en los últimos años, cuando la abogada le pidió ayuda para acompañar a unas víctimas. Ella ocupaba entonces un cargo público, como delegada del Gobierno en su municipio, y no podía asumirlos. Forjaron su relación al calor de las injusticias, pero a pesar de las amenazas que llegaban a su oficina, Domínguez siguió adelante. “Siempre vimos la posibilidad de que algo nos pasara, pero aún cuando veíamos esos riesgos, no vimos que algo más trágico nos podía pasar”, dice al teléfono.Galván asegura que la defensora de derechos humanos nunca se entregó al miedo, ni siquiera cuando le perseguían para fotografiarla y le llamaba una voz desconocida para decirle “soy tu sombra”. Cada vez que la ella sentía que corría peligro, se lo comunicaba a su colega, y en los últimos tres meses no le había comentado nada, dice el defensor de derechos humanos. Eso le lleva a pensar que lo sucedido fue “una situación que ella no vio venir”, menciona. “Nos trae mucho dolor, mucha rabia, no tengo a mi compañera de lucha, su familia no tiene a su hija. Este [el de la desaparición] es el peor escenario de violencia”.Kisha, otra hermana de Sandra, denunció este miércoles haber sufrido junto a su familia múltiples intimidaciones en los últimos días de personas vestidas de negro que andan en motocicletas. Les amenazaron para que abandonaran la búsqueda. Por eso, según dijo, optaron por montar el plantón, porque volver a casa podía resultar más peligroso. Varias organizaciones de derechos humanos se sumaron al reclamo y acompañan ahora el pedido de aparición con vida. “Muchos se han acercado con nosotros, porque saben qué tipo de persona es Sandra, la calidad de persona que es”, dice Kenia. “El hecho de que ahora nos digan: ‘Tu hermana me salvó, yo estaba en riesgo y acudió a mi llamado cuando nadie me escuchaba’, es muy importante porque por eso estamos aquí, estamos haciendo lo que Sandra hubiese hecho por muchas mujeres”.La exigencia contra un Ejecutivo estatal que ha dado pocas respuestas hasta ahora continúa. De momento solo han localizado la camioneta que usaba la pareja a 68 kilómetros de su casa, en Playa Vicente, Veracruz, y han detenido a un hombre que llevaba el teléfono de Sandra. La última conexión que registró el aparato de él fue en Nuevo San Martín, unas horas más tarde que la última conexión de ella, en Arroyo Zacate, todo en la entidad vecina. Desde el pasado 20 de octubre, la Fiscalía estatal no ha comunicado más avances en la investigación. Para la familia y los amigos, es falta de voluntad. “Sabemos que cuentan con lo necesario para su localización y que como Estado tienen que responder”, dice Kenia, “ya no más mesas para diálogo, sino resultados”. Galván insiste: “El Gobierno del Estado no quiere encontrarla porque va a sacar a la luz todo lo turbio de este caso”.Mamá de un joven de 15 años y una amante del running, Sandra es el retrato más reciente de los desaparecidos en México. La violencia que azota a Oaxaca, como a tantos otros Estados, ha tenido un octubre cargado de cifras rojas, que no parecen detenerse en noviembre. La primera semana de este mes dejó un saldo de 29 homicidios y seis feminicidios, dos de ellos a dos mujeres indígenas triquis. “En este país es difícil alzar la voz y representar los derechos de las personas, de las mujeres, los niños”, admite Kenia. “Los van apagando, si no los desaparecen, los matan y si no los matan, los encarcelan”.