¿Qué es el ‘control de convencionalidad’ que busca eliminar el oficialismo en la Constitución?

El doctor Claudio Nash, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, define el “control de convencionalidad” como la herramienta “que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia”.Señala que la figura “está estrechamente relacionada con las obligaciones que impone la CADH a los Estados para cumplir con las obligaciones que surgen a su respecto en materia de derechos humanos”.En ese sentido, destaca que los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que decida sobre su convencionalidad, son aquellos en los que ha fallado la justicia interna, por lo que dicho control representa la concreción de la garantía de los derechos humanos consagrados internacionalmente, en el ámbito normativo interno.Así, la Corte IDH decide sobre la expulsión de normas que resultan contrarias a la CADH, a partir de los casos concretos que se someten a su conocimiento, como la incompatibilidad de las leyes de amnistía chilenas, por ejemplo.“El objetivo del control es verificar la conformidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación, con la CADH y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares”, precisa.“Este ejercicio de control puede tener una serie de consecuencias, tales como, la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención (sea vía legislativa o jurisdiccional cuando corresponda); la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones del Estado; el ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales; la modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el Estado; entre otras formas de concreción de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, precisa en una guía publicada por la propia Corte IDH sobre el control de convencionalidad.¿Qué dice la iniciativa de reforma constitucional que busca eliminar el control de convencionalidad?El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, presentó este lunes una iniciativa que pretende impedir las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sobre la Constitución.Señaló que la improcedencia también debe incluir al proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación de las reformas a la Carta Magna, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral.El proyecto de decreto también fue suscrito por el petista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila y el presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.La propuesta busca reformar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución. La reforma al artículo 1 de la Constitución introduce una frase que señala que las normas relativas a los derechos humanos “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad.La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.Organizaciones civiles manifestaron su rechazo ante esta iniciativa. Amnistía Internacional México llamó al Senado a votar en contra de la reforma constitucional, que a su juicio “implica un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos en México”.Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que la reforma propuesta en materia de “inimpugnabilidad de las reformas constitucionales” supone un cambio a una disposición clave “que tanto costó alcanzar” y que es fundamental para “incorporar los tratados internacionales que más protegen a las personas”.Por ello, consideró que supone un “retroceso” para los derechos humanos”.