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De manera unánime, el Pleno del Senado de la República avaló la reforma del Bienestar para elevar a rango constitucional algunos programas sociales y que estos tengan garantizados los recursos económicos, los cuales no pueden disminuir con respecto a este 2024.  Tras un debate en el que salieron a relucir los audios del expresidente Vicente Fox, en el que afirmó que “prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a la economía a la quiebra”.  Voto en contra de los programas sociales en 2020 Uno de los audios lo presentó la senadora por Morena, Simey Olvera Bautista, quien calificó de cínico e hipócrita a Fox y a los panistas, porque fueron ellos quienes votaron en contra de los programas sociales en el 2020.  Votación por unanimidad Foto: Especial  En respuesta, la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, afirmó que el PAN vota a favor de los programas sociales, no porque “los proponga Morena, sino porque son programas en favor de las personas y de las familias”.  Con esta reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución se busca garantizar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad, reducir de 68 a 65 años la edad para la pensión a las personas adultas mayores, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos.  Asimismo, el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos que impliquen la transferencia de recursos directos para la población; por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En este caso, la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, además el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que vivan con discapacidad permanente, dando prioridad las personas menores de 18 años de edad.  También determina que las personas adultas mayores de 65 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. En cuanto a otros apoyos se estipula que el Estado garantizará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieran ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.  De la misma forma se mantendrán los precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.  A partir de la entrada en vigor del decreto, el Congreso tendrá un plazo de 180 días para aprobar las leyes o modificaciones legales necesarias que requiera este decreto. Y las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente decreto, dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación. Sigue leyendo: Fernández Noroña acepta que podría darse una crisis constitucional en México Avanza en senado reforma de vivienda para personas trabajadoras DRV

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